Grimalt: Sin aborto legal no hay acceso real de las mujeres a la salud.

La responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, defendió la legalización del aborto. Expuso como funciona el protocolo de aborto no punible en la provincia y aseguro que fue posible por una nueva generación de profesionales de salud, en su mayoría mujeres. Aquí, textual, su intervención en la Cámara de Diputados.

Muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar en este momento participando de este debate. Agradezco a la diputada Carolina Gaiillard por esta convocatoria.

Soy Lucy Grimalt, vengo de Entre Ríos. Hoy soy responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Soy santafesina de alma, entrerriana del corazón. Soy feminista e integro la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

¿Por qué hay que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo? Para responder quiero contarles cómo el sistema de salud en Entre Ríos fue tomando conciencia de que la interrupción del embarazo por causales es legal desde el año 1921. Fue un proceso lento y largo para instaurar la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, con perspectiva de género y derechos.

Fue imprescindible, primero, la lucha organizada de las mujeres para instalar en la agenda pública el reclamo de respetar sus derechos sexuales y reproductivos. Desde 2003, se dio primero el acceso a los métodos anticonceptivos, luego la contracepción quirúrgica acompañada por las consejerías en salud sexual que hacen foco en hablar de la sexualidad de las personas.

Siempre, siempre, en voz baja, estaba la interrupción. Estaban las mujeres solas intentando resolver su desesperación frente a un embarazo no deseado. Así lo llamábamos en esas épocas.

Pero ya estaba instalado el grave problema de las muertes maternas por aborto, porque en Salud nunca se negó que esas muertes eran y son evitables. En los últimos años, comienzan a realizar ILE (Interrupción Legal del Embarazo), profesionales desde la perspectiva que el Fallo Fal de la Corte Suprema de la Nación había recomendado y todo comienza a cambiar cuando el Estado Provincial decide ajustarse a derecho al adherir al protocolo ILE del año 2015, en una histórica decisión de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, en el año 2017.

Este proceso de toma de conciencia del sistema de salud en Entre Ríos para garantizar la interrupción del embarazo por causales, de acuerdo al Código Penal, artículo 86, empieza a tomar volumen a partir de la incorporación de profesionales jóvenes, en su mayoría mujeres, médicas, obstetras, psicólogas, trabajadoras sociales. El impacto del debate que se dio en 2018 tuvo una gran repercusión hacia el interior de Salud y se constituyen en el primer nivel de atención equipos interdisciplinarios que realizan ILE en el primer trimestre, de forma medicamentosa y ambulatoria, y en hospitales en el segundo trimestre.

Ahora, ¿son todos los efectores? No. Sólo algunos pocos. Porque no obligamos a los profesionales, porque entendemos que hay que deconstruir todos los prejuicios y mitos. Por eso se realizan jornadas de sensibilizacion y cursos de capacitacion sobre el protocolo ILE y es una herramienta fundamental el plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) que tiene entre sus objetivos la aplicación de los protocolos frente a situaciones de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

Aquí me detengo porque este año 2020 la pandemia puso a prueba la respuesta del sistema sanitario. Fue una oportunidad para fortalecer la atención en interrupción legal del embarazo con causales porque se incorporaron varios efectores de primer nivel y hospitales con equipos que trabajan siguiendo las pautas del protocolo ILE, siendo la consejeria parte constituyente de la atención cuando se recibe a las mujeres que solicitan esta práctica médica.

La falta de transporte interprovincial fue un problema a resolver (en el contexto de pandemia) pero el entendimiento que hay que garantizar un derecho posibilitó diferentes soluciones con la colaboración y predisposición de organismos de salud provinciales y municipales.

Desde 2019 comenzamos a registrar las interrupciones legales de embarazo por causales siguiendo los criterios unificados que establece Nación. Esto nos permite, con datos más certeros en Entre Ríos, por ejemplo, observar que en el transcurso de este año 2020 no son las adolescentes las que más solicitan la ILE si no mujeres mayores de 20.

Aproximadamente, se han realizado 600 interupciones en efectores públicos estatales y aqui es importante hablar de las debilidades del sistema de salud: médicos y médicas que no son formados en la academia en el marco de derecho sobre el aborto no punible, que anteponen sus creencias personales a la implementación del protocolo ILE; y la persistencia del modelo médico hegemónico que aun sostiene en un lugar pasivo y receptor del saber médico a las mujeres que acuden a una consulta en salud porque han decidido interrumpir el embarazo.

A partir de este año, desde la Dirección de Salud Infanto Juvenil se ha comenzado la hoja de ruta en la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años con dos indicaciones primarias que van a determinar la calidad de atención: indagar si el embarazo deriva de la situación de abuso sexual y la segunda indicación es realizar las consejerías. Hoy podemos decir que se aplica el protocolo provincial en situaciones de abuso sexual pero aun marcamos como una debilidad en el sistema de salud las escasas consejerías. Por esa razón en Entre Ríos también en este año 2020 hay adolescentes menores de 15 años que no tuvieron oportunidad, en las primeras semanas del embarazo, de contar con información necesaria sobre el derecho a decidir la interrupción dentro de las causales vigentes.

Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué legalizar la interrupción voluntaria? Porque al pensar la legislación vigente, las políticas implementadas, las falencias descriptas, se nos muestran que es necesario despejar todas las dudas, dejar de cuestionar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden la interrupción. La ley en relación a este tema debe ser clara y concreta.

Si ocultamos que el aborto existe, si negamos que es una decisión autónoma de las mujeres, si negamos atención a una mujer que solicita interrupción del embarazo tenemos que asumir que no existe acceso real a la salud de las mujeres.

Diputados y diputados, en mi provincia por adopción, Entre Ríos, saludamos que el ejecutivo nacional haya tomado como base la discusión mayúscula y democrática del año 2018 porque propone una mirada integral sobre la salud reproductiva y no reproductiva al presentar en tándem las dos leyes: la de 1000 días que expresa el trabajo que hace más de una década se está desarrollando en materia sanitaria protegiendo a la mujer embarazada; junto con la propuesta de regular la interrupción del embarazo. El Estado asume así su obligación de garantizar todos los mecanismos que en materia de salud la ciencia ha dispuesto para que ninguna mujer esté desprotegida frente a un embarazo tanto si decide continuar como si decide interrumpir. Esto es lo que van a legislar, un futuro donde la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar esté plenamente garantizada; van a legislar para que la salud reproductiva y no reproductiva sea por fin una realidad y no una utopía. Y para finalizar quiero agradecer especialmente a cada profesional de salud en Entre Ríos que está garantizando derechos. Como me dijo una joven médica, este sábado pasado, “sólo cumplo con mi trabajo”. Humildad, profesionalismo, respeto por las leyes, trato humanizado. Muchas gracias.

Fuente: Página Política

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