Declararon la nulidad del juicio abreviado contra el exdiputado Allende.

El exlegislador y gremialista está acusado de negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, violencia de género y amenazas. Otro tribunal deberá analizar el acuerdo.

La Cámara de Casación Penal de Paraná declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado contra el ex diputado provincial José Ángel Allende y ordenó que otro tribunal vuelva a analizar el acuerdo al que habían arribado los defensores del ex legislador y la procuradora adjunta respecto de las acusaciones por negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, violencia de género y amenazas.

El tribunal integrado por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti consideró que “no se ha otorgado al encartado (Allende) la oportunidad que tanto la Constitución como la ley adjetiva le ofrecen para hacer operativa la garantía de defensa en juicio como exigencia del debido proceso legal” (sic), señaló Página Judicial.

El acuerdo al que se había arribado implicaba una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional para Allende; el decomiso de su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares y otra ubicada en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares; y el pago de una multa de 3 millones de pesos. Todo eso por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; un enriquecimiento patrimonial no justificado de 1.069.841,19 dólares a valores históricos –calculado en pesos sería de 4.983.146,14–; por haber hostigado durante mucho tiempo a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. Pero el tribunal de juicio rechazó los términos del acuerdo. Cuestionó buena parte de las pericias, el monto que se estableció como la multa y la calificación legal en la causa por violencia de género.

En principio, no se cuestiona que el tribunal rechazara los términos del acuerdo porque está dentro de sus facultades, “en razón de la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida”, argumentos utilizados por los jueces José María Chemez, Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno.

En cambio, la Cámara de Casación Penal hizo hincapié en que el tribunal de juicio no le dio a Allende la posibilidad de realizar las manifestaciones o aclaraciones que considerara necesarias –por ejemplo, respecto de su patrimonio– ni mucho menos brindar su conformidad con el acuerdo de juicio abreviado. Eso, a criterio de los jueces de casación, representa una “conculcación al derecho de defensa, el debido proceso y el derecho a ser oído en un proceso penal”.

El tribunal de casación consideró que la audiencia de juicio abreviado, donde los fiscales expusieron la acusación y los términos del acuerdo, no puede tomarse como un acto jurisdiccional válido porque Allende no tuvo la chance de expresarse.

Ante ello, el tribunal de casación anuló la audiencia de juicio abreviado, así como la resolución dictada en consecuencia, y devolvió las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para que se conforme un nuevo tribunal y el acuerdo presentado por Ministerio Público Fiscal y la defensa del ex legislador, representada por Leopoldo Lambruschini, Julio Federik y Marcos Rodríguez Allende, vuelva a ser analizado.

Fuente: Ahora.

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