Una escuela, una casa y un jury.

Hace varios meses el Gobierno anunció una investigación sobre la entrega de unas hectáreas a manos privadas que eran de una escuela estatal. Un fiscal regalón y otro en la mira. Ambos atravesados por casos de violencia de género amparados bajo el silencio.

El 18 de noviembre pasado, al calor de los episodios protagonizados por la familia Etchevehere, Juan Grabois y a los que luego se sumarían Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto; surgió del seno del Gobierno la iniciativa de investigar la trama por la cual Luis Félix Etchevehere adquirió a precio vil hectáreas que pertenecían a la Escuela Agrotécnica del paraje “El Quebracho”, en las inmediaciones de Santa Elena, vendidas por el entonces mandatario Jorge Busti.

La decisión de Gustavo Bordet surgió luego de que el senador justicialista por el departamento La Paz, Amilcar Genre Bert, presentara un proyecto, muy preciso en sus puntos, solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre la totalidad de los documentos y archivos estatales acerca de la venta y/o transmisión de las tierras de la estancia “El Quebracho” que pertenecieron al Frigorífico Santa Elena.

El anuncio motivó un documento que firmó un número importante de organizaciones sociales, sindicales y dirigentes de diferentes espacios apoyando la idea de recuperar esas tierras para el Estado provincial. Muchos de los firmantes habían estado, hace 14 años, en la ruta para resistir esa entrega. No así el PJ, que ahora se sumó al reclamo.

En un primer momento, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes solicitó información en el área de Catastro para constatar si la posesión del campo por parte de la familia terrateniente fue irregular.

El lugar en el que estaba la entidad educativa sigue en manos de los Etchevehere a seis meses del anuncio que implicaba investigar la situación. Mucha documentación se publicó cuando parecía corregirse una historia de entrega que movilizó a Agmer y otros sectores.

Sobre las fiestas de fin de año, el clan familiar volvió a ocupar el centro de la agenda pública. Fue cuando el fiscal de Paraná Martín Furman determinó que una de las propiedades de la familia, en rigor una vivienda, debía ser entregada a Dolores para que pueda vivir. La misma estaba ubicada en calle Los Vascos. Con el correr de las horas Luis Miguel Etchevehere se metió en la casa otorgada a su hermana y se negó a entregarla pese a la orden judicial. Furman volvió sobre sus pasos ante los improperios del ex ministro de Agroindustria de la Nación. ¿No hubo allí desobediencia judicial? No. ¿Y si Dolores no se hubiese ido de Casa Nueva en Santa Elena? Sí.

Lo cierto es que Dolores se quedó sin propiedad y, a cambio, se le otorgó una suma de dinero mensual para un alquiler. Queda para la filosofía lo que significa para una mujer que denuncia haber sido despojada de una herencia en un contexto de violencia y no puede acceder, ni siquiera de manera provisoria y por medida judicial, a una vivienda que puede llegar a ser también de ella. Todo porque uno de sus hermanos sacó de prepo a la autoridad judicial.

Las causas contra los Etchevehere durmieron años en los tribunales hasta que Grabois llegó a la provincia y habló de “la Justicia del teléfono”. A partir de allí se empezaron a mover expedientes y legajos, algunos con sentencias que se conocieron en los últimos días. Todo es muy obvio y se nota mucho.

En la cabeza del dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) está la idea de denunciar en el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos al fiscal de Género, Leandro Dato. Ya hay algo escrito que puede ser presentado en los próximos días, según supo Página Política. Dato quedó en una situación muy delicada cuando ocurrió el femicidio de Fátima Acevedo. Tan preocupante fue la situación que el Ministerio Público Fiscal decidió correrlo del caso de Julieta Riera. Tomó el caso el fiscal Ignacio Aramberry.

En aquel momento, los diputados y el colectivo feminista con representación legislativa habían decidido hacer algo. Básicamente empezar a bucear en responsabilidades de un proceso que había dejado mucha tela para cortar. En un primer momento se quiso interpelar a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, quien no tenía nada que ver. Todas las malas praxis se habían producido en el ámbito tribunalicio. Dato, al frente de la investigación, era el candidato a pagar las culpas. Pero nadie avanzó. Seguramente por el terror que le tienen al Poder Judicial.

Hay una negociación que no se ha contado y que sucedió al calor del femicidio de Fátima, la Legislatura y que tiene como beneficiaria a Josefina Etienot, una referente del pañuelo celeste que asumirá en el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Diamante. Sus posibilidades se acrecentaron fruto de tirar bajo la alfombra las responsabilidades del asesinato de Fátima.

Todo pasa.

Fuente: Página Política

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